Por Fernando Cadillo Vásquez

El Perú es un país con ventajas comparativas únicas que lo distingue significativamente de otros de la región. La geografía ha configurado costa, sierra y selva con tal maestría y las ha provisto de grandiosos recursos naturales con valor económico que deben ser puestos en uso para contribuir al desarrollo del país y bienestar social.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional – FMI –, al 2016, la economía de nuestro país ocupa la posición N° 50, de un total de 193 países, detrás de México (15), Colombia (30) y Chile (39), socios de la Alianza del Pacífico.

A nivel del Mercado Integrado Latino Americano – MILA –, al 30 de Junio 2017, en términos de capitalización bursátil, el Perú se encuentra en la posición N°4 con USD 88 mil millones, detrás de México N° 1 con USD 439 mil millones, Chile N° 2 con USD 236 mil millones y Colombia N° 3 con USD 105 mil millones, cifras que nos hacen reflexionar acerca de las tareas pendientes del país.

En este contexto, el desafío del actual gobierno es implementar políticas económicas que encaminen al Perú hacia una posición más expectante y próxima a economías de Colombia y Chile.

El FMI proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI – de 2.7% y de 3.8% para el 2017 y 2018 respectivamente. Asimismo, liderará el crecimiento en América Latina, lo cual obliga al actual gobierno a tener una comprensión más precisa y exacta del entorno presente nacional e internacional, sobre todo, del futuro deseado en relación a la promoción de inversiones en infraestructura y desarrollo del mercado de valores con la participación ciudadana.

Sin embargo, las políticas públicas implementadas por los gobiernos desde inicios de los 70 hasta la fecha, son insuficientes y no han permitido, aún, construir a los ciudadanos, una visión de futuro que anhelaban pensadores como Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, José Matos Mar, Alberto Flores Galindo o más recientes como Hernando de Soto, entre otros, para el desarrollo del país.

Asimismo, los acontecimientos sociales vividos en los últimos 50 años revelan que las relaciones entre el Estado, las empresas y la sociedad civil no han permitido cohesionar objetivos, intereses, valores y necesidades en torno al desarrollo nacional, sino que por el contrario han creado posiciones extremas. Resultado de lo anterior es la profunda inequidad social causada por la incapacidad del Estado de crear condiciones suficientes de inversión privada. A ello, hay que añadirle, la creciente informalidad en las actividades económicas que afecta la recaudación tributaria, base del presupuesto público.

Esto nos lleva a preguntarnos si el Estado, la empresa privada y la sociedad civil deberían cambiar en el futuro las formas de relacionarse entre sí a fin de crear valor social y conciencia ciudadana sobre la necesidad del desarrollo económico con inversión privada.

Bajo ese contexto, la infraestructura resulta ser un aspecto fundamental al que todos deberíamos adherirnos desde la posición que nos toque desempeñar.

La infraestructura son bienes públicos que deben encontrarse a disposición de todos los peruanos para promover e impulsar el desarrollo económico. Esta contribuye a la competitividad de las actividades económicas, genera oportunidades de empleo y mejora el ingreso de las empresas, personas y familias.

La sociedad civil y el Estado, en sus tres niveles de representación, están convencidos de que con mejores o nuevos aeropuertos, autopistas, telecomunicaciones, trenes, ferrocarriles, centrales de energía hidráulica o eólica, entre otros, la economía podrá seguir creciendo en los próximos años a fin de alcanzar una mejor posición en el ranking de economías del FMI. No obstante, los actuales sistemas y canales de comunicación, a fin de alcanzar consensos, podrían haber demostrado no ser los más eficientes y eficaces.

Por otro lado, la sola existencia de la necesidad de infraestructura en diversos sectores nos exige preguntarnos ¿de dónde podrán obtenerse los recursos para financiarlos?

De acuerdo al estudio encargado en el 2015 por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional  – AFIN – a la Universidad del Pacífico, se estimó necesidades de infraestructura por USD 160 mil millones para el periodo 2016-2025. El presupuesto anual que debería destinar el Estado para inversiones en infraestructura, según los estándares internacionales, asciende al 6% del PBI, es decir, USD 12 mil millones.

El esquema de Asociación Público Privada (APP) ha sido el mecanismo que el Banco Mundial ha impulsado en nuestro país y en América Latina con el objetivo de lograr una sociedad entre el Estado y el sector privado. Este último ejecutará y operará, por un plazo determinado, una infraestructura considerada de prioridad para el desarrollo nacional.

Por lo general, el sector privado, crea una sociedad de propósito especial – SPV – (Special Purpose Vehicle, por sus siglas en inglés) la cual asume la responsabilidad de obtener el capital necesario para emprender la APP. Dicho capital puede estar constituido por aportes propios de accionistas y deuda con terceros (fondos de inversión, bancos de inversión, bancos comerciales, AFPs, entre otros). La estructura óptima la establece la SPV.

Si consideramos que la asociación público privada es una extensión complementaria de la inversión pública, y , bajo la denominación pública, comprendemos a la ciudadanía en general, en adelante, los organismos que en América Latina y en Perú se encargan de la promoción de inversión, bajo el esquema de APPs, deberían contemplar la inclusión de hasta un porcentaje que pueda ser financiado con aportes de los ciudadanos que deseen poner sus recursos financieros como parte del capital de dichas APPs.

Lo anterior conlleva a que el Estado, las instituciones responsables de la promoción de la inversión, los reguladores del sector y mercado, y los centros de formación educativa adopten nuevas decisiones con el objetivo de alcanzar la participación ciudadana en APPs.

Los de promoción de la inversión y regulación del sector y mercado deberán modificar la ley de APP y la ley de sociedades para fines de APPs, con el objetivo de reservar hasta un porcentaje de capital (por ejemplo de hasta no más de 10%) a ser aportado por los ciudadanos para los casos en el que, el regulador del sector y el regulador del mercado opinen favorablemente en la participación ciudadana. El porcentaje final, así como límites, prohibiciones, controles y excepciones habrán de definirse por los reguladores, quienes en cada caso, pueden apoyarse y obtener las opiniones de asesores externos, académicos, instituciones participantes del mercado de valores y sociedad civil representada por asociaciones debidamente acreditadas.

Las instituciones de formación educativa, con el apoyo del Estado, deberán realizar un esfuerzo masivo de difusión y capacitación ciudadana a fin de crear competencias en educación financiera, con especial énfasis en el mercado de valores. De esa forma, se podrán sentar las bases de una nueva perspectiva ciudadana sobre el desarrollo económico nacional, en particular, de tratarse de una APP y se crearán nuevos potenciales inversionistas en el mercado de valores.

APPs vinculadas a infraestructura para el sector turístico, agro exportación, energías limpias, minería  serían, sin duda, atractivos para los ciudadanos.

Las decisiones de inversión no se adoptan solamente por la existencia de marcos legales promotores o proyecciones de rentabilidad. Asimismo, es preocupante la existencia de intereses, objetivos, valores y necesidades contrapuestas entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía que afectan los esfuerzos por atraer inversiones y capitales a largo plazo para el financiamiento de la infraestructura.

Los conflictos sociales incrementan la incertidumbre y riesgo de las APPs. Según la Defensoría del Pueblo, al 31 de julio 2017, se registraron 177 en nuestro país. Definitivamente estos conflictos no promoverán ni permitirán inversiones privadas hasta que haya equidad de intereses en las partes involucradas.

Debemos resaltar que en el marco de facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, recientemente, el actual gobierno ha establecido incentivos para la organización de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces – FIBRAS – y para los Fondos de Inversión en Bienes Raíces – FIBRIS a fin de promover la infraestructura desde el sector privado. Sin embargo, el gobierno tiene la responsabilidad mayor de promover e impulsar más agresivamente las inversiones en infraestructura a nivel nacional, principalmente a través del mercado de valores vía la participación ciudadana en APPs.

Una medida efectiva y decidida sería nombrar a un Director Ejecutivo de Inversiones y Financiamiento de Infraestructura, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, pues se advierte, a partir de los estudios realizados, que las necesidades del futuro desbordan la actual capacidad de atención de Proinversión.

Dicho Director estaría a cargo no solo de prever las inversiones y su financiamiento a nivel nacional sino también de las inversiones en infraestructura con impacto regional, principalmente con los países limítrofes como Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile a fin de hacer más competitiva nuestras economías.

Además, dicho funcionario, a partir de la experiencia en el Perú, debería sentar las bases para iniciar una nueva política de inversiones en APPs con participación ciudadana dentro del MILA, hoy con un futuro más expectante luego de la XII cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada el pasado 30 de junio, donde se indicó el inicio de negociaciones con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur para considerarlos países asociados de la Alianza del Pacífico. Está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas dar inicio a esta nueva visión de la inversión y financiamiento de la infraestructura con miras al bicentenario patrio.

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